En nuestro país existen múltiples esquemas de pensiones, que representan una muy pesada carga para la hacienda pública y que bien se sabe, antes de dos décadas colapsarán la economía del país, de no encontrarse soluciones de fondo.
De 1973 a la fecha, a nuestro sistema de pensiones se le han hecho una serie de parches “para mejorarlo”, pero, en realidad, han sido solo “coletazos” que, en nada han mejorado la situación de la clase pensionada.
En 1992 se instituyó el llamado SAR 92 que, en nada mejoró significativamente la situación de los pensionados.
En 1995 se decretan profundas reformas al sistema de pensiones, vigentes a partir del uno de julio de 1997, cambiando hacia un sistema de pensiones basado en la creación de la cuenta individual, administrada por una Afore, para registrar en ella, las cuotas y aportaciones obrero patronales y del Estado, de los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez para con ello comprar, a futuro, una pensión.
Pero también se estableció en 1997, que las pensiones aumentarían cada año, lo que subiera la inflación, eliminando así a los salarios mínimos; el efecto inmediato fue que, la futura pensión a recibir, no sería mayor al 28% del último salario percibido antes de pensionarse.
Después, en 2016 se estableció el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar las cuotas y aportaciones en materia de seguridad social, amarrando aún más, a la baja, la cantidad de pensionario a recibir.
Luego, en 2021 entraron en vigor, diversas disposiciones en materia de pensiones que, es cierto, aseguran una pensión a una mayor cantidad de trabajadores, pero, desgraciadamente, no le garantizan una pensión mayor.
Así, el tema de las pensiones continúa siendo una “papa caliente”, que nuestros gobernantes no haya para donde aventarla, limitándose solo a hacer declaraciones “de buena fe”, cual propósito de año nuevo.
En este contexto, inicio del presente año se conformó el llamado Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, integrado por diputados de diversos partidos, con el fin de hacer un diagnóstico y elaborar propuestas en temas hacendarios y presupuestales.
Obvio, el tema de seguridad social y las pensiones, predominaron en los análisis y conclusiones preliminares estableciendo como posibles estrategias de acción, entre otras, aplicar el IVA al consumo de alimentos y medicamentos; aumentar impuestos y, en materia de seguridad social: topar pensiones en la SCJN, CFE, PEMEX, otros; crear un sistema único de pensiones y otorgar una pensión universal, adicional a la que se recibirá por la Afore; subir la edad de retiro; reducir las opciones para los retiros por desempleo; aumentar la base de aportantes al IMSS; otros.
Así que, prepárese porque en temporada de huracanes, “cuando el río suena…”